Unión Europea advierte riesgos para el Estado de derecho en Guatemala ante elecciones de 2026
Ciudad de Guatemala.— La estabilidad del Estado de derecho y la garantía de elecciones democráticas en 2027 están en juego en Guatemala, advirtió Diana Riba, presidenta de la Delegación para las Relaciones con América Central del Parlamento Europeo, tras una visita oficial al país centroamericano.
En entrevista con el medio alemán Deutsche Welle, la eurodiputada subrayó que las elecciones de segundo grado previstas para 2026 serán determinantes para la institucionalidad guatemalteca, ya que implican la renovación de órganos clave como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la designación del fiscal general, además de autoridades en la Universidad de San Carlos.
Riba afirmó que la Unión Europea busca acompañar el proceso para fortalecer instituciones democráticas y rechazar cualquier persecución política o judicial contra el presidente Bernardo Arévalo o magistrados, en referencia a los intentos que enfrentó el mandatario antes de asumir el cargo en enero de 2024. Desde Bruselas continúan vigentes sanciones contra actores señalados por “socavar la democracia”, entre ellos la fiscal general Consuelo Porras, quien aspira a la reelección.
Especialistas y organismos internacionales han expresado preocupación por la situación del sistema judicial guatemalteco desde el cierre en 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Según denuncias de organizaciones como Impunity Watch, el aparato judicial habría sido cooptado por grupos de poder político y económico, afectando investigaciones sobre corrupción y crímenes del conflicto armado interno.
Observadores de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y expertos independientes dan seguimiento a los procesos. La Organización de las Naciones Unidas también ha manifestado inquietud, particularmente por la falta de avances en casos de violaciones graves a derechos humanos, incluidas adopciones internacionales ilegales vinculadas al periodo posterior al conflicto armado.
En este contexto, analistas consideran que la elección de nuevas autoridades judiciales en 2026 representa una “ventana de oportunidad” para fortalecer la independencia institucional, aunque advierten que las comisiones de postulación enfrentan cuestionamientos sobre su autonomía.
Para la Unión Europea, además del respaldo político, está en juego la estabilidad jurídica necesaria para fomentar inversión y cooperación. “Sin seguridad jurídica es muy difícil que lleguen inversiones”, señaló Riba, quien subrayó que el acompañamiento internacional busca contribuir a que las próximas elecciones generales se desarrollen de manera transparente y justa.